Vivimos en sociedad y en comunidad y, más allá de mi comunidad familiar en la que vivo, convivo en sociedad y formo parte de sus grupos, integrado en el tejido asociativo. Necesitamos desarrollar y mantener normas de convivencia; nos organizamos políticamente y actuamos con relación a un patrón cultural determinado, de manera tal que, en nuestro entorno social pluralista y abierto, la acción política y la acción de la sociedad civil, que son dos conceptos distintos y diferenciables, se entrelazan en el contexto cultural con la acción personal como reconocimiento de derechos y libertades y como garantía de la organización de la sociedad para la vida en convivencia y para la realización personal.
La posibilidad de ejercer libertades reconocidas y de reclamar y hacer valer los derechos del “yo”, los de “el otro” y los que le otorgamos a “lo otro” es una condición legal y legítimamente fundamentada de nuestra vida en democracia, así como un claro indicador del desarrollo cívico en el que la educación tiene un papel indiscutible, respecto de la acción política y respecto de la acción de la sociedad civil, a partir del hecho de que la educación está condicionada por ambas acciones. La acción política y la acción de la sociedad civil son factores de desarrollo educativo, pero a su vez, la educación es factor de desarrollo político y social, porque por medio de la educación nos hacemos competentes para actuar en cada uno de esos ámbitos.
La educación tiene reservado un papel fundamental en el desarrollo personal del individuo, al igual que lo tiene, en el desarrollo de las sociedades. La educación socializa y forma al ciudadano para su incorporación más o menos mediata a la comunidad a la que pertenece y, en ese tránsito, resulta fácilmente observable la importancia de la necesaria implicación de todos con miras a alcanzar la sociedad deseable.
Hoy se denuncia la falta de un modelo social más humano que requiere de la implicación de toda la sociedad. El sistema educativo actual genera responsabilidades a todos los niveles, no sólo para los profesores y alumnos, sino para los padres, la comunidad política y la sociedad civil. Todos somos responsables de la educación que reciben nuestros niños, por lo que también estamos directamente relacionados con el futuro de esas generaciones, es decir, con el tipo de sociedad que conformen. Y eso es algo que debe ser tenido en cuenta, siempre que hablemos de decisiones de la acción política y de la acción individual y social en relación con la educación.
La decisión es un acto por el que se responde, de acuerdo con las oportunidades, a una realidad interna y externa que modifica la premiosidad de las necesidades en cada circunstancia. En general, la decisión se identifica con un curso de acción, por eso se dice que la teoría de la decisión trata el problema de la elección entre dos o más cursos de acción, que son decisiones posibles, en orden a encontrar el óptimo, según las preferencias del decisor. En este sentido, tomar una decisión es elegir, entre varias alternativas posibles, una de ellas, que se considera ajustada a racionalidad. O sea, que al realizar la decisión, se afirma un valor que se elige en la relación medios-fines, integrándolo en nuestros proyectos con sentido de acción y sentido de vida.
En unos casos, se adopta una decisión técnica que se identifica con reglas y normas derivadas del propio proceso, en función del conocimiento que se tiene del ámbito específico y a partir de la elección primaria de trabajar en ese ámbito. En otros, se adopta una decisión moral, que no es elección dentro de un ámbito, sino confrontación de ámbitos diversos respecto de la propia vida y proyecto personal; es la ordenación que hace el hombre de sus exigencias de acuerdo con las relaciones que se dan en la realidad en cada ámbito de su existencia. Y en otros, se adopta una decisión política que es, con propiedad, ordenación de metas y alternativas de acción para lograrlas, pero no respecto de la propia vida personal, sino respecto del bien común vinculante en la sociedad, bajo criterios de prioridad, oportunidad y consenso institucional.
El objetivo general de la acción política en un ámbito específico (educación, cultura, ciencia, etc.,) es determinar cuáles son las necesidades que demanda la sociedad en esa materia y cómo se pueden satisfacer, para establecer, de acuerdo con los recursos económicos presupuestados, cuáles son las prioridades que se pueden alcanzar y cuales, por consiguiente, deben ser financiadas, atendiendo a las concretas circunstancias de cada período de gobierno. En este sentido las decisiones de la política tienden a cubrir la demanda social o las necesidades sociales de modo diverso, según las concretas circunstancias de cada período de gobierno. Esto marca una relación de fundamento entre política y verdad y justicia.
La legalidad política puede oponerse a una verdad técnica e imponerse, pero no es legítima, si falsea los datos y no genera un progreso en el orden de la justicia para el interés común. En toda acción política, además de una condición espacio-temporal, que legitima medios y procedimientos, hay una condición axiológico-cultural que legitima ideas desde valores de pensamiento y acción.
Condición espacio-temporal y condición axiológico-cultural se plasman en libertades y derechos reconocidos en el marco concreto de cada Constitución y, por eso, a veces se confunden; pero, si no nos engañamos, tenemos que comprender su diferente extensión. Los derechos, además de ser, libertades reconocidas en una constitución, es decir, poderes de obrar, hacen referencia a una exigencia ética cuya raíz no es el Estado, sino la dignidad de la persona y, precisamente a ellos, a los derechos en tanto que valores, nos remitimos cuando queremos que el Estado nos reconozca un nuevo poder. De todos es sabido que las libertades nacieron históricamente como privilegios que el poder público concedió a determinados señores en virtud, precisamente, de los derechos que los respaldaban, atendiendo a la especial dignidad que los solicitantes creían poseer; es decir, las libertades las garantiza el Estado en función de algo anterior y fundamental: los derechos del hombre, o sea, lo propio, lo que los hombres consideraban como inalienablemente suyo.
Ambas condiciones son necesarias para impartir justicia verdadera y compasiva. La evidencia histórica nos hace ver que, cuando se imparte justicia que no es verdadera, se legitiman, tanto el genocidio, alegando que existen razas inferiores, como otras muchas cosas que atentan contra la verdad y la dignidad de los hombres. En el contexto de la legalidad y la legitimidad hay política, hay economía, hay cultura y conocimiento, hay acción social y hay educación. Y ninguna debe desaparecer o subsumirse en las otras.
En una sociedad abierta y pluralista la encrucijada ante la legalidad exige resaltar por principio de significado el fundamento ético de todo Estado de Derecho y el valor educativo de la legislación dictada, pues el progreso de la legalidad en un Estado de Derecho no excluye ni impide, empero, otro necesario progreso en el ámbito de la educación, la moralidad y la justicia. Y si una ley educativa es poco efectiva, hay cauces legales, legitimados políticamente para cambiarla, combinando acción política, acción individual y acción de la sociedad civil. Por principio de significado la acción política no tiene que suprimir la acción individual, ni la acción de los grupos organizados de la sociedad civil, ni la relación con la verdad y la justicia, por razones de prioridad, oportunidad y consenso.
Y eso que acabo de decir hace que, en nuestros días, hablemos necesariamente, por una parte, de legalidad y legitimidad política, porque se han establecido las normas siguiendo los cauces legales que las hacen vigentes y reales en su contexto territorial y, por otra, de legitimidad técnica (en nuestro caso, pedagógica, porque su contenido es verdaderamente de educación) y de legitimidad ética, con objeto de evitar que las normas soslayen en algún caso el criterio técnico del experto (podemos hacer leyes de educación o leyes económicas poco efectivas) y en otros el sentido ético, obviando la vinculación lógica entre acción política, verdad y justicia.
En la acción política debe haber siempre una relación, pero no una confusión entre legitimidad de las formas (procedimiento político-legal), legitimidad de los medios(aplicabilidad y realización de la ley en el ámbito que corresponde) y legitimidad de las ideas (fundamento filosófico de las ideas políticas); ambas legitimidades han de ser compatibles con la legitimidad ética y técnica del contenido de la ley. A la acción política le corresponde la prestación del servicio público, no la pública intromisión en el derecho de cada uno de los agentes del tejido social a realizar sus propios proyectos. Y esta correspondencia no es una cuestión política de oportunidad, prioridad y consenso, sino una exigencia de relación lógica entre política, valor educativo de la legislación (relación de verdad) y fundamento ético del estado de derecho (relación de justicia), que exigen una respuesta clara a la relación sociedad, poder y legitimación (J. M. Touriñán, 2014, Dónde está la educación: actividad común interna y elementos estructurales de la intervención, cap. 6).
